La deuda pública mundial ha alcanzado niveles sin precedentes y, si se quiere llegar al fondo de esta cuestión, hay que analizar en detalle las leyes sobre divulgación de la información. La deuda oculta es el endeudamiento del que un gobierno es responsable pero que no desvela a la ciudadanía ni a otros acreedores.

Por más que, por su naturaleza, esta deuda se suela mantener fuera del balance oficial del gobierno, es muy real, y según ciertas estimaciones asciende a US$1 billón a escala mundial.

Es cierto que estas obligaciones no declaradas no son significativas en comparación con la deuda pública mundial, que se sitúa en el máximo histórico de $US91 billones, pero sí suponen una amenaza creciente para los países de ingreso bajo, ya altamente endeudados y con necesidades anuales de refinanciamiento.

El problema es todavía más agudo en un contexto de tasas de interés más elevadas y menor crecimiento económico. Además, también se pone en peligro la rendición de cuentas cuando no hay información exacta sobre el nivel de endeudamiento, lo que a su vez acrecienta el riesgo de corrupción.

Los requisitos legales sobre divulgación de información sobre la deuda no son adecuados, en la mayoría de países. Una base legal sólida es fundamental para indicar que existe un requisito claramente establecido de comunicar los datos sobre la deuda de un modo que sea a la vez oportuno y pertinente a efectos de análisis de políticas, transparencia y rendición de cuentas.

El FMI recomienda que la ley defina estrictamente las excepciones a la divulgación de información y el alcance de los acuerdos de confidencialidad.

La transparencia sobre la deuda no solo beneficia a los países directamente, sino que además es esencial para el trabajo del FMI. Las formas ocultas o de algún modo opacas de la deuda entorpecen en varios sentidos el cumplimiento del mandato básico del FMI.