Las modificaciones ofrecerán a los salvadoreños la seguridad jurídica suficiente para que los comercios cumplan con su obligación de responder por los defectos de los productos o los servicios que les han vendido.

Este proyecto tiene tres puntos importantes. El primero es que el período para hacer un reclamo ante el comercio ya no será solo de 30 días, sino que se podrá realizar en el tiempo que esté estipulado en el contrato de la compra.

La diputada Aronette Mencía explicó que esto ayudará a que los consumidores puedan exigir y reclamar sus derechos al adquirir bienes y servicios en cualquier comercio del país.

El segundo punto es que el comercio deberá llevar un registro digital y físico para que el consumidor no tenga la obligación de guardar la factura o la garantía, ya que el negocio tiene la responsabilidad de tenerlo y compartirlo.

El último punto es que se está facultando a la Defensoría del Consumidor para que sancione al comercio si este no quiere responder a la persona que no tenga la factura o la garantía. Al no acatar la Ley, podrían pagar multas graves de hasta 200 salarios mínimos.

Los legisladores de la Comisión Economía destacaron que van a regular el tema de las garantías, ya que muchos salvadoreños pierden su factura o el certificado que la avala y afirman que algunos proveedores se aprovechan de esto para no cambiar los productos o los servicios defectuosos.