Según lo informado por el Presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar las multas por esta falta alcanzan hasta los 500 salarios mínimos.

Estas inspecciones están amparadas en la Ley de Protección al Consumidor, la cual califica como una infracción grave las prácticas abusivas por parte de proveedores. De acuerdo con la normativa, las multas por esta falta alcanzan hasta los 500 salarios mínimos, según lo que el Tribunal Sancionador dictamine del caso.

El funcionario enfatizó que esta institución tiene amplia competencia para poder establecer la práctica abusiva del incremento injustificado de precio en los productos de primera necesidad o esenciales para la población.

El titular de la Defensoría explicó que estas inspecciones buscan constatar que las medidas que ejecuta el Gobierno en beneficio de la población, como la eliminación del pago de aranceles, se trasladen a los consumidores.