Actualmente, el artículo 43 de dicha normativa establece que uno de los requisitos que las personas jurídicas nacionales o extranjeras deben cumplir para contar con la acreditación que les permita brindar servicios de certificación en el país es rendir una garantía por un monto adecuado al riesgo asumido por la prestación de dichos servicios. Esa documentación deberá ser otorgada por una sociedad autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Con la enmienda aprobada por los legisladores, las instituciones públicas que deseen acreditarse como proveedoras de servicios de certificación estarán excluidas de este requisito por su naturaleza estatal, en su lugar deberán presentar un plan de acción que detalle la forma de indemnizar daños y perjuicios en caso de incumplimientos.

Esta modificación permitirá que más instituciones puedan acreditarse para brindar servicios de certificación a la ciudadanía, facilitando el inicio de las actividades a todos aquellos que soliciten la acreditación o que ya se encuentren en el proceso.

Además, los parlamentarios avalaron reformar el artículo 46 de la ley. En este apartado se contempla que los proveedores de servicios de certificación deben notificar sobre el inicio de sus actividades a la Unidad de Firma Electrónica a más tardar 10 días hábiles antes.

Pero la enmienda realizada por los legisladores se elimina este plazo y establece que bastará con que los proveedores notifiquen a la Unidad de Firma Electrónica sobre el Inicio de sus labores.

Samuel Martínez, diputado de Nuevas Ideas, señaló que estas reformas permitirán que la población tenga un respaldo para que, ante cualquier tipo de fraude, los proveedores puedan responder por los daños o perjuicios ocasionados.

La Ley de Firma Electrónica fue aprobada en 2015, con la finalidad de establecer los parámetros legales que permitan otorgar y reconocer eficacia y valor jurídico a la firma electrónica certificada, sello electrónico, sello de tiempo, documentos electrónicos y a los mensajes de datos. Sin embargo, el trabajo desarrollado por los diputados de la nueva Asamblea Legislativa ha permitido identificar vacíos que dificultan la aplicación de dicho cuerpo normativo.