La normativa actual, vigente desde 2004, establece que si ninguna persona reclama el vehículo un año después de concluido un procedimiento en el que aparezcan automotores o piezas automotrices en depósito (embargados o puestos a disposición de autoridad judicial), o tras haberse levantado las restricciones legales para su devolución, el juez deberá notificar a los legítimos dueños que tienen 30 días para que acudan a retirarlo. Si ese plazo no se cumple, el vehículo será vendido en una subasta pública.

En cambio, el proyecto de reforma avalado por la mesa de trabajo acorta de 12 meses a 90 días el lapso que tiene el juzgador, tras haber culminado todo el proceso legal, para notificarle a los propietarios de los carros que pueden recuperarlos o se venderán.

El producto de la venta de estos bienes se destinará al pago de las costas del procedimiento, los impuestos, derechos, tasas o multas que se adeudaren y los gastos en que se haya incurrido para su conservación o depósito. En caso de existir remanente, ingresará en calidad de Fondos Ajenos en Custodia por tres meses. Transcurrido ese plazo, si nadie se presentó a reclamarlo, pasará al Fondo General de la Nación.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara, destacó la importancia de actualizar la ley. Él expuso que en diferentes inmuebles del Estado —entre ellos los predios de la Policía Nacional Civil (PNC)— se acumulan automotores o desperdicios de los mismos, por lo que se consumen recursos como el espacio físico y el personal que se delega para custodiarlos.

El legislador, secundado por sus colegas, agregó que estos almacenes, sobre todo los que están en la vía pública, generan contaminación visual y pueden causar daño a la salud, debido a que son criaderos de insectos u otros animales.

“Muchas veces, (los vehículos) pasan años deteriorándose y causan una mala imagen. Cuando uno viene del aeropuerto de Comalapa, a la entrada del desvío de Santo Tomás está acumulada una gran cantidad de automotores. Ahora que estamos abiertos al mundo, que están viniendo más turistas, no podemos seguir dando estas imágenes deplorables o de décadas atrás, que ya no corresponden a este nuevo país”, sostuvo el diputado Guevara.

Los integrantes de la mesa de trabajo señalaron que los fondos que se obtienen con la subasta de los vehículos sirven al Estado para hacer obras de inversión a favor de la población.

Como parte del estudio de la propuesta de reforma, la comisión pidió la opinión de la Fiscalía General de la República, de la Unidad Técnica del Sector Justicia y de la PNC.

“Esta es una ley avanzada y el tema de brindar un canal legal y certeza jurídica a todas las personas que tengan vehículos en alguna Delegación (policial) por infracción de ley o por algún proceso judicial”, dijo la parlamentaria Marcela Pineda.