En ese sentido la Comisión de Economía dictaminó a favor de reformar la Ley de Protección al Consumidor con el objetivo de ampliar el marco de protección hacia la población en materia inmobiliaria.

Con las enmiendas a los artículos 18 y 99 de la normativa se pretende incorporar nuevas disposiciones para prevenir y sancionar prácticas abusivas de lotificadoras y agentes inmobiliarios en contra de los consumidores.

Uno de los aspectos que contempla la iniciativa es la prohibición a todo proveedor de amenazar o cometer acciones de desalojo de personas de viviendas, inmuebles, lotificaciones y parcelaciones para uso habitacional a causa de retraso o mora en el pago de cuotas o de intereses vencidos sin haber agotado los mecanismos de solución de controversia que regula la ley.

Además, brindó detalles sobre las denuncias atendidas. “En el caso del sector inmobiliario han brindado más de 5,000 atenciones por diferentes motivos. Estas se han traducido en más de 628 denuncias que han tramitado y cerraron 584 de ellas”. 

Las enmiendas, además, facultan a la Defensoría del Consumidor para imponer sanciones en contra de las empresas o proveedores que incumplan lo regulado.

La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, fue quien presentó la propuesta y, al momento de ser estudiada por la mesa legislativa, estuvieron presentes los parlamentarios de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.

Se impondrán multas de hasta 500 salarios mínimos a quienes amenacen o desarrollen acciones de desalojo de forma arbitraria”, sostuvo el titular de la autónoma, basándose en la reforma al artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor.

El titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, también brindó aportes técnicos y expuso los beneficios que se obtendrán al modificar la ley.