El director ejecutivo de la referida institución, Camilo Trigueros, explicó a los diputados que la normativa vigente está dispersa y eso le dificulta al CNR brindar plenamente los servicios a los usuarios. 

“Tenemos instrumentos de creación deficientes y, en ese sentido, buscamos superar las deficiencias de los instrumentos jurídicos que crearon al CNR, tanto por su naturaleza, por la falta de certeza jurídica y desarrollo normativo. Es un buen momento para corregir la dispersión normativa”, señaló el funcionario. 

Trigueros detalló que con la creación de la Ley del Centro Nacional de Registros se busca armonizar y hacer congruente la aplicación de normativas como la de Procedimientos Administrativos, la Ley de Mejora Regulatoria y con la Ley de Simplificación de Trámites.

Según el funcionario, entre los beneficios de la nueva normativa están el fortalecimiento de la seguridad jurídica, publicidad registral, transparencia, celeridad y simplificación de trámites. Además, mejorará el clima de negocios y competitividad en El Salvador.

También se promoverá el uso de nuevas tecnologías que garanticen la seguridad y la autenticidad de documentos electrónicos y se robustecerán las prácticas éticas para los empleados y los funcionarios de dicha institución.

El anteproyecto de ley también contempla la exoneración del pago de servicios que preste el CNR a las instituciones del Estado. En el caso de las municipalidades solo pagarán el 50 % del servicio y un 75 % cuando se trate de proyectos sociales que beneficien a personas de escasos recursos. 

“Cuando son proyectos de interés social y de impacto hacia al país nos parece que no es necesario cobrar el servicio. Financieramente, lo hemos hablado y no es algo que vaya a representar un desgaste hacia la institución que pudiese poner en riesgo su operación y su funcionamiento”, apuntó el director ejecutivo del CNR.

Asimismo, según la propuesta, dicha institución formará parte, coordinará o será la institución intermediaria entre el interesado y las autoridades directamente competentes en oficinas o ventanillas únicas que tengan por objeto la simplificación y agilidad de procedimientos administrativos en los que participen varios órganos o entidades administrativas para desempeñar actividades empresariales o profesionales. 

Además, se le dará facultad a la institución para proponer al Órgano Ejecutivo, por medio del Ramo de Economía, los proyectos de tasas por servicios registrales o catastrales que presta para someterlas al proceso de aprobación de la Asamblea Legislativa. 

El presidente la mesa de trabajo, Rodrigo Ayala, recalcó la importancia de hacer congruente la Ley del Centro Nacional de Registro con el resto de normativas existentes. 

"La modernización de las instituciones es muy necesaria para la población. A medida que el tiempo avance, habrá más oportunidades de desarrollo económico para el país. Sin haber tenido esta ley, han realizado un buen trabajo", apuntó el legislador Ayala.