Al apoyar esta iniciativa se le haría justicia al personal que ha prestado sus servicios al Estado y que está pensionado. Estas personas tendrán la oportunidad de tener un retiro digno de la institución en la que han laborado.

“Los que pueden acogerse a este decreto son las personas que ya están pensionadas o jubiladas. Es decir, que ya cumplieron con la edad de retiro -60 años los hombres y 55 años las mujeres- y que aún estén laborando dentro de las instituciones que abarca el decreto”, explicó el director general del Presupuesto, Carlos Salazar.

La compensación económica que se otorgará será calculada con base al último salario devengado y se pagará un salario por cada año laborado o fracción mayor de seis meses de servicio consecutivo en cualquier dependencia del sector público. Habrá un límite máximo de $25 mil, ese pago estará exento del Impuesto sobre la Renta y el mismo gozará del beneficio de la inembargabilidad.

“El pago de esta compensación se realizará en dos cuotas iguales, equivalentes a la mitad del monto total a percibir y el tiempo a transcurrir entre un pago y el otro no será superior a los 30 años”, expuso Salazar.

En el dictamen que se llevará a votación del pleno legislativo se contempla que dicha normativa no será aplicable a los empleados de otros órganos de Estado ni al personal militar.

Esto abarca únicamente al personal que trabaja en el Órgano Ejecutivo, en las entidades descentralizadas no empresariales y en autónomas. No incluye al sector financiero, como la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), el Fondo Social para la Vivienda, Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), Banco de Fomento Agropecuario (BFA).

“Esto es un apoyo, por parte del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a las personas que estando pensionadas o jubiladas han tenido que seguir laborando. Entendemos que son personas que ya dieron mínimo sus 25 años de servicio, como dice la ley, pero hay gente que se retira con más años. Es decir, que ya cumplieron la edad y merecen retirarse dignamente”, dijo la diputada Suecy Callejas.

Durante el análisis realizado en la mesa de trabajo, el representante del Ministerio de Haciendo indicó que el último decreto de retiro voluntario ejecutado fue en 2000. Desde ese año, no ha habido una oportunidad de retiro con compensación monetaria.

Una vez aprobada esta ley por el Pleno Legislativo, los interesados tendrán seis meses para poder apegarse a su retiro definitivo de su plaza laboral.