Los datos globales sugieren que la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una caída de entre el 3% y el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de un país. 

Llevado esto a la región de América Latina y el Caribe, donde 52 millones de hogares tienen al menos una persona con algún tipo de discapacidad, y donde el envejecimiento acelerado se traduce en más personas con discapacidad, la necesidad se vuelve inminente.

En 1 de cada 5 hogares latinoamericanos en situación de pobreza extrema (medido por ingresos diarios de US$3.2 dólares) vive una persona con discapacidad.

Su vulnerabilidad aumenta si vive en zonas rurales, si esta persona es una mujer o si pertenece a una minoría étnico-racial. Durante la pandemia de la COVID-19, esa vulnerabilidad se acrecentó debido a la inaccesibilidad de las ciudades y a servicios de mala calidad.

Los datos del informe son contundentes. Más allá de la pobreza y la pandemia, el acceso a servicios básicos como la educación formal desde la primera infancia y hasta la universidad se vuelve un reto para estas personas a lo largo de su vida. 

El 15% de los niños con discapacidad no va a la escuela y los que asisten tienen mayores probabilidades de abandonar los estudios. Esto se debe a la falta de infraestructura, materiales pedagógicos, formación docente, entre otros.

En el ámbito laboral, las personas con discapacidad tienen menor participación. En América Latina y el Caribe, la tasa de informalidad de los trabajadores con discapacidad es, en promedio, 11 puntos porcentuales más alta.

Dada la urgente necesidad de asegurar la inclusión de las personas con discapacidad a través de una participación igualitaria en todos los espacios, el informe recomienda considerar las siguientes acciones:

Abordar la invisibilidad estadística ya que, si existen datos sobre las personas con discapacidad, no son lo suficientemente representativos y completos para poder atender sus necesidades.

Ampliar la voz y participación de las personas con discapacidad, más allá de las áreas específicas relacionadas a la discapacidad.

Cambiar los modelos mentales para reducir el estigma y la violencia, pues solo de esta manera las personas con discapacidad podrán tener una mejor calidad de vida y ser partícipes y protagonistas de su propia historia.

Desarrollar políticas y prácticas que sean útiles y pertinentes a las realidades diferenciadas de cada persona.

Identificar desafíos para la implementación de políticas progresivas.