Esto representa una inflación del 20% y 25% en el que las familias han recurrido a deudas porque el poder adquisitivo del salario mínimo ha disminuido.

El salario mínimo rural con descuentos de Ley, es de US$218.25 en el que el trabajador tiene que invertir el 86.98% de su salario para adquirir a la canasta básica alimentaria y un 44.5% para el pago de servicios públicos, sobrepasando el 131% de ese salario.

En enero del 2021 los 22 productos de la canasta básica alimentaria urbana costaban US$199.21 y a enero del año pasado el precio era de US$200.43, en enero del 2023 muestra que cerró con US$245 es decir US$31 de incremento.

Asimismo, el pasado mes de abril Danilo Pérez, Presidente del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), explicó en una entrevista matutina que los precios de la papa lavada o morena han aumentado un 33%, en mayo del 2022 costaba US$0.55 la libra, en 2023 la encuentran a US$0.75.

Agregando que entre el 76% y 85% del salario mínimo de la población, tanto urbana como rural, se destina actualmente a cubrir la canasta básica alimentaria y el pago de servicios públicos.

Además, el informe muestra a un porcentaje de personas encuestadas que en los últimos cuatro años un 56% ha tenido que obtener ingresos adicionales para cubrir sus gastos y el 46.8% detalló que no.