Como parte del estudio de la iniciativa, la mesa de trabajo escuchó al representante de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CENAD), Josué Merlos Escobar, quien explicó que, de ser aprobados los cambios en la normativa, la certificación que emita el proveedor de servicios de activos digitales tendrá la calidad de título ejecutivo, como lo establece el Código Procesal Civil y Mercantil. 

“Esto en el caso que fuera requerido, siempre pensando en la protección del consumidor y del inversionista, garantizándoles que van a tener acceso a justicia de una manera más rápida porque, de lo contario, tendrían que hacer un proceso común declarativo de obligación y es más largo”, apuntó Escobar. 

El delegado del CENAD agregó que las enmiendas pretenden facilitar el manejo presupuestario inmediato a las instituciones encargadas de la aplicación de las reglas de ofertas públicas y privadas de activos digitales, como el caso de la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora de Fondos Bitcoins. 

“Con estas reformas lo que estamos tratando de hacer es aclarar ciertos aspectos en cuanto a la calidad de autónoma y transparentar la composición presupuestaria como el patrimonio, porque se reciben fondos provenientes del pago de derechos y Fondos GOES y lo que hacemos es agregar cómo se va a desarrollar esta estructuración”, detalló Merlos.  

Otro cambio a la ley que se ha propuesto es que cuando no se pueda proyectar la emisión de los 12 meses de una moneda estable, y esto sea debidamente justificado, el emisor deberá reportar su proyección inicial con el mínimo de una moneda, así como pagar por esta. Al finalizar el año calendario deberá calcular la emisión neta real de monedas y pagar el monto equivalente al 0.01 % del monto neto ofertado, aclarando que en ningún caso el monto superará los US$300mil dólares. 

Además, el Banco Central Reserva podrá autorizar a los proveedores de servicios de activos digitales el acceso a los sistemas de pago y de liquidación de valores, para lo cual deberá cumplir con la ley, convenios internacionales ratificados por El Salvador y la normativa técnica que dicte el comité de normas del BCR.